La corrupción de altos vuelos es un rasgo fundamental del régimen borbónico en que estamos instalados, con conexiones directas entre el poder político que actúa como gestor de los intereses de los grandes grupos del capital, patrio o no tanto, como ACS. Un nuevo escándalo en que el PP murciano habría actuado, cobrando como comisionistas, en favor de los intereses de la empresa de Florentino Pérez en una operación de gran parecido a la de la Plataforma Castor.

UNA DESALADORA REPRODUJO EL ESQUEMA DEL CASTOR

La policía nacional descubre que el Gobierno murciano del PP colaboró para que la constructora consiguiera rendimientos del 60.000% desplazando todos los costes y riesgos a las arcas públicas

Por José María Olmo

ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.



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Cataluña!!!!!!!

Ah, no,que es en Murcia ...