Menos de nueve meses. Ése es, como mucho, el tiempo que va a durar el acuerdo al que llegarán los ministerios de Industria y Cultura para zanjar, momentáneamente, la polémica sobre el canon digital.

(Gaceta de los Negocios) Con mucha suerte, en noviembre se cerrará la cuestión, pero se hará en falso y después de quince meses de unas negociaciones frustrantes y marcadas por el desencuentro. Al final, las buenas intenciones para crear un marco que permitiese un ajuste automático de los precios han quedado empantanadas, y todo apunta a que el próximo año las partes volverán a enfrentarse con denuedo para alcanzar otro acuerdo de mínimos.

La reforma en la Ley de Propiedad Intelectual aprobada el pasado año, que introducía el nuevo canon, fijaba también un plazo de dos años para que los fabricantes de electrónica y los gestores de derecho volviesen a negociar, pero no tenía en cuenta que las conversaciones iniciales iban a prolongarse durante casi tanto tiempo como vigencia debían tener sus conclusiones.

A pesar de que el mes pasado comenzaron a filtrarse datos oficiosos sobre las cuantías aproximadas del nuevo canon, lo cierto es que las negociaciones todavía están abiertas y hay espacio para la sorpresa. De hecho, una solución este mismo mes parece poco probable, pues el ministro de Industria, Joan Clos, tiene fijada para el próximo día 23 una reunión con representantes de los fabricantes.

Al final, los nueve meses servirán sólo como una breve pausa entre rounds en la que todas las partes encontrarán motivos para felicitarse. Fabricantes de tecnología e Industria se congratularán desde su esquina porque las cantidades acordadas para el conjunto del sector estarán más cerca de sus postulados y se logró evitar la inclusión de discos duros o líneas de ADSL.

En el otro lado del cuadrilátero, las sociedades de gestión de derechos de autor, respaldadas por Cultura, expresarán su satisfacción por haber logrado elevar sus actuales ingresos, después de hincar el diente a todos los reproductores de MP3 y MP4, así como a los teléfonos móviles que incorporan dichas funcionalidades.

Además, como en la propuesta se va a eliminar la retroactividad que pedía la SGAE, los nuevos precios sólo se aplicarán a los productos tras la firma de la correspondiente orden ministerial. Esto hará que cualquier retraso futuro al negociar beneficiará a los fabricantes, que a cambio se verán sometidos a las incertidumbres en sus planes de negocio.

También está por ver como afecta a los últimos tramos de la negociación la postura expresada por la Comisión Europea, que ha prevenido contra cualquier intento de cobrar indiscriminadamente el canon a las Administraciones Públicas y empresas. En este sentido, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha subrayado que sólo deberá aplicarse sobre los dispositivos que claramente vayan a utilizarse para las copias privadas. Esta postura es defendida desde hace tiempo por los detractores del canon digital, que se preguntan hasta qué punto los DVDs que compra Hacienda para almacenar información del contribuyente se utilizan para almacenar películas y canciones.

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