Alaya afirma que Díaz podría ir a la cárcel por no reclamar los 850 millones de los ERE
Según la magistrada, renunciar a la millonada defraudada a los andaluces puede constituir un delito de malversación penado hasta con 8 años de prisión
Daniel Bellaco 22 de mayo de 2018
La Junta de la señora Díaz podría estar cometiendo un delito al no querer recuperar los 850 millones del dinero de los andaluces presuntamente malversados en el fraude multimillonario masivo de los ERE.

El Gobierno de Susana Díaz decidió curiosamente renunciar a la acusación particular en los ERE y a la acción civil, lo cual supone para Andalucía perder los 850 millones supuestamente defraudados.
Sobre esto la magistrada Mercedes Alaya ha declarado en su entrevista en ABC:



“La renuncia al ejercicio de la acción civil en dicho procedimiento penal me parece una actuación desleal con el patrimonio público que gestiona la Junta, contraria a los intereses generales y a la Constitución y demás normativa nacional y autonómica, y que además podría ser constitutivo de un nuevo delito de malversación, lo cual podría generar responsabilidades penales. Ello está establecido específicamente en el nuevo artículo del Código Penal de la malversación, que se titula «administración desleal del patrimonio público». Y hay que tener en cuenta que el tiempo para ejercer esa acción de restitución por parte de la Administración son cinco años desde que pudo recuperarse el dinero.
Por tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podría incurrir en mi opinión en un delito de malversación si no reclama ese dinero. Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público. Con independencia de que sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un procedimiento ilegal.”

El delito de malversación está recogido en el artículo 432 del Código Penal y contempla penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación de seis a diez años. Si se produce “un grave daño o entorpecimiento al servicio público” la pena podría llegar a los ocho años de cárcel y a los ocho años de inhabilitación.


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